Desde el 30 de abril, el OMR ha venido desarrollando seis cursos introductorios sobre las herramientas que contiene la Ley de Mejora Regulatoria, en donde han participado 180 servidores públicos de distintas instituciones del Estado. La Ley fue aprobada el 12 de diciembre de 2018 por la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 9 de abril de 2019.

 Cuatro de los cursos desarrollados contaron con la participación de enlaces de mejora regulatoria y técnicos jurídicos del Órgano Ejecutivo y sus dependencia; incluyendo a directores y personal de las áreas jurídicas de la red de hospitales públicos en todo el país. Estos son el primer gurpo de instituciones obligadas en el cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria. El OMR ha calculado un aproximado de 72 instituciones con las que es indispensable comenzar a trabajar en la aplicación de la normativa.

La aplicación de la Ley es progresiva. Un segundo grupo de instituciones obligadas (alrededor de 77) serán los órganos Legislativo y Judicial, así como las entidades autónomas. En este grupo entran, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte de Cuentas de la República (CCR), instituciones con las que el OMR ha firmado acuerdos de cooperación interinstitucional; y con las que, a pesar de que la Ley será aplicable para ellos desde enero de 2022, ya se ha comenzado un proceso de capacitación de sus servidores públicos.

Solo en la CCR, en coordinación con su Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), el OMR realizó dos cursos en mayo, con la participación de 49 servidores públicos, entre auditores  y administrativos. Un tercer grupo serán las municipalidades, que comenzarán con la aplicación de la Ley, de manera obligatoria, en 2023.

En los cursos introductorios, los facilitadores del OMR hablan sobre la aplicación progresiva de la Ley, las herramientas de mejora regulatoria y su impacto en la relación de los ciudadanos con el Estado. La Ley implica un trabajo exaustivo en busca de transparentar el proceso de creación o modificación de normativas con la agenda regulatoria; el diseño de mejores regulaciones – actuales y futuras – a partir de evaluaciones; y la construcción del Registro Nacional de Trámites, que dará certeza jurídica.

En los próximos meses, el OMR continuará trabajando por desarrollar cursos generales sobre la Ley de Mejora Regulatoria; y talleres específicos sobre cada herramienta contempalda en la Ley: agenda de mejora regulatoria, plan de mejora regulatoria, evaluación de impacto regulatorio y registro nacional de trámites. Generar capacidades sobre esta Ley es fundamental para una correcta y pronta aplicación.

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