Marco normativo

La Ley de Mejora Regulatoria tiene como objetivo asegurar la calidad de las regulaciones, para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, y se eliminen exigencias y requisitos que, sin fundamento, o apartándose de las plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones.

El OMR es una institución desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, por decreto de Consejo de Ministros N° 25, aprobado el 15 de mayo, conforme al mandato en el Art. 10 de la Ley de Mejora Regulatoria.

La Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas es una regulación complementaria a la Ley de Mejora Regulatoria, que crea el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas. Su objetivo es la prevención y eliminación de barreras burocráticas, carentes de fundamento legal y/o de razonabilidad.

La Ley de Procedimientos Administrativos tiene por objetivo regular: los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública; los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública; el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; y, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.

Documento que deroga el decreto ejecutivo 90 de 2015, para dar paso al OMR como institución permanente adscrita a la Presidencia de la República, según mandato de la Ley de Mejora Regulatoria. 

Documento legal que dio vida al Organismo de Mejora Regulatoria, en el marco del Convenio del Reto del Milenio suscrito entre el Gobierno de El Salvador y la Corporación del Reto del Milenio. El OMR dependió administrativa y financieramente de FOMILENIO II.

El Convenio con la Corporación Reto del Milenio dio vida a Fomilenio II y a la actividad de Mejora Regulatoria. Consulte el documento completo desde aquí.