En El Salvador, las cargas administrativas impuestas por la tramitomanía a las empresas y ciudadanos rondan el orden de los US$406.9 millones, representando el 1.7% del PIB a precios corrientes del año 2016. Esta información se ha calculado a partir de la identificación de los costos de 835 trámites y sus 2,240 modalidades en 14 ministerios del Órgano Ejecutivo, en 2018.