La Ley de Procedimientos Administrativos tiene por objetivo regular: los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública; los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública; el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; y, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.
